Anunciaron que fiscalizarán a quienes reflejen cambios patrimoniales y les cobrarán impuestos provinciales; se les podrían sumar Corrientes y Santa Fe
Por   | LA NACION

Distritos no alineados con el gobierno nacional advirtieron ayer que no se adherirán a la ley de exteriorización y anticiparon que podrán fiscalizar a aquellos residentes que muestren incrementos en sus patrimonios producto del blanqueo. Hay quienes creen que, de esta forma, el clima electoral se coló en el blanqueo de capitales.
"Nosotros vamos a hacer lo mismo que en el otro blanqueo (por la amnistía de 2009 que implementó la administración Kirchner): lo que marca la ley", confirmó a LA NACION el ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti. "Es natural que no habiendo una extensión local de la ley de blanqueo alguien que tiene un ingreso extraordinario tenga que pagar impuestos por eso", afirmó.
En la misma línea, en declaraciones radiales, el ministro de Finanzas cordobés, Ángel Elettore, sostuvo que, si bien "hay aspectos que no están definidos ni reglamentados, el fisco provincial saldrá a buscar y a mirar lo que ocurra con los Cedin , como con cualquier otro contribuyente".
Según pudo saber LA NACION, informalmente desde el Ministerio de Economía de Corrientes, una provincia de signo radical, también habrían dejado trascender que se sumarían a la ciudad de Buenos Aires y a Córdoba. Mientras que desde el Ministerio de Economía de Santa Fe, otra provincia no alineada con el gobierno nacional, afirmaron a este diario que todavía estaban "analizando la situación".
En 2009, según coincidieron varios tributaristas, hubo provincias que explícitamente se adhirieron al blanqueo y otras que no. Pero en ningún caso se detectaron fiscalizaciones en aquellos distritos que no habían adherido. Claro que ahora el gobierno nacional no pareciera tener la misma fortaleza política que hace cuatro años.
"No tenemos conocimiento de nadie que haya tenido una fiscalización por parte de una provincia no adherida por el blanqueo de 2009, pero si eso sucediera ahora haría menos atractivo el blanqueo, porque si alguien exterioriza y tiene un incremento patrimonial no justiciado queda expuesto a impuestos", opinó César Litvin, presidente del Instituto Tributario.
En rigor, las provincias podrían exigirles a los contribuyentes el pago de Ingresos Brutos -tributo que, según la actividad y el distrito, tiene una alícuota que va del 1 al 4%- y Sellos, que tiene una alícuota promedio del 1 por ciento.
"Es correcto que los apliquen [a los impuestos]", dice Litvin. "Si con ingresos no declarados generaron esa tenencia en moneda extranjera, está directamente vinculado con el impuesto a los ingresos brutos", ejemplificó.
Flavia Melzi, directora de la carrera de Contador Público en la Universidad Abierta Interamericana, coincide: "Las provincias no pierden la potestad tributaria por una ley federal, salvo que adhieran expresamente". Aunque la tributarista admite que en este caso "no caben dudas de que existe una puja política". En tal sentido, dice, es probable que la decisión de las provincias de fiscalizar a los que blanqueen termine generando gran litigiosidad.
Aunque todavía no lo hicieron explícitamente, se cree que todas las provincias alineadas con el kirchnerismo se sumarán al blanqueo. Chaco y Entre Ríos serían dos de las que ya lo dejaron trascender.
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