Impugnan cambios en el tribunal fiscal

La administración tributaria / Tras las designaciones

Funcionarios que se habían presentado al concurso lo objetaron en el Ministerio de Economía y planean presentar un amparo colectivo

Sábado 09 de abril de 2011 | Publicado en edición impresa

Martín Kanenguiser
LA NACION

Las designaciones en el tribunal fiscal fueron impugnadas ayer por una decena de candidatos que habían exhibido más antecedentes técnicos que las personas elegidas y que se presentarán colectivamente en la Justicia la semana próxima.

Un día después de la publicación del decreto 391 que, sin mayores fundamentos en sus considerandos, oficializó los cambios en este ente autárquico fiscal, comenzaron las reacciones para tratar de frenar las designaciones antes de la jura.

Tal como informó ayer LA NACION, la presidenta Cristina Kirchner nombró ayer a siete vocales a partir de una comisión evaluadora ad hoc que no tomó en cuenta los antecedentes técnicos ni se rigió por los procedimientos previos de selección.

Por esta razón, ayer en el Ministerio de Economía varios candidatos que se habían presentado al concurso -y que en algunos casos ni siquiera fueron llamados para ser entrevistados- presentaron la impugnación administrativa en la cartera que conduce Amado Boudou. Quedaron afuera importantes funcionarios del tribunal, del Ministerio de Economía y tributaristas privados, como la ex vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño Flavia Melzi.

Fuentes del tribunal explicaron que los afectados "no pudieron ver el expediente, pese a que lo pidieron desde este jueves, para conocer los fundamentos de la selección, que en el decreto presidencial no aparecen". De hecho, la única razón que se esgrime en los considerandos es que el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, "elevó a las conclusiones a que arribara, en función de los antecedentes curriculares, científicos, técnicos y profesionales presentados por los postulantes".

Anteayer, frente al despacho de Pezoa, varias funcionarias del tribunal esperaron varias horas, sin éxito, para ver el expediente.

Varios testimonios dan cuenta de las breves entrevistas de la comisión integrada por el subsecretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Luis María Capellano; el subsecretario técnico de la Secretaría Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, y la directora nacional de dictámenes de la Procuración del Tesoro, Leticia Sierra Lobos. "Fueron intrascendentes en algunos casos y en el caso de otros postulantes ni siquiera los llamaron, mientras que designaron gente sin antecedentes", indicaron calificadas fuentes del tribunal.

La mayoría de los ungidos aparece con un "padrino" político, como Armando Magallón, vinculado a Capellano; o Pablo Garbarino, colaborador del ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, quien a su vez se acercó políticamente a Boudou.

Christian González Palazzo aparece vinculado con un ex auditor de un importante medio de comunicación estatal y, como casi todo el resto, no es conocido en el ambiente ni de los tributaristas ni de los funcionarios del tribunal fiscal.

El nombre de Claudia Sarquís, asesora de Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación en el Ministerio de Planificación), resonaba ayer por presuntos problemas que habría tenido como funcionaria aduanera por un sumario administrativo basado en la escasa claridad para explicar parte de su patrimonio. Curiosamente, el sumario, mencionado por la AFIP, no estaría ahora en su legajo laboral.

De los 90 candidatos que se presentaron, la comisión evaluadora solo entrevistó a 23; ayer juraban nuevamente en el Ministerio de Economía haber seguido "los pasos correspondientes a los concursos" para designar a los funcionarios.

Además, dijeron que el presidente del tribunal, Ignacio Buitrago, tuvo una reunión en la cartera para pulir diferencias, luego de las manifestaciones de enojo que tuvo por no haber participado de la comisión evaluadora, como en el pasado.

Por su parte, los afectados se pusieron en contacto con un abogado, que en principio estudia los fundamentos para presentar una medida cautelar colectiva dentro de los ocho días hábiles previstos luego de la fecha de publicación del decreto.

Al respecto, se anticipó que"el decreto no muestra fundamentos sobre las razones por las que designó a esta gente".

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