Aún lejos del objetivo inicial planteado por el Gobierno, el blanqueo de capitales logró, sin embargo, repuntar por la investigación de la AFIP en torno a las cuentas bancarias de argentinos en Suiza.
Por este motivo, los últimos datos oficiales disponibles señalan que el blanqueo llegó a principios de esta semana a 1314 millones de dólares.
En diciembre, la suba fue de US$ 158 millones, el mayor incremento registrado en 2014, con picos de 15 a 19 millones de dólares durante algunas jornadas, según indicaron fuentes oficiales a LA NACION.
De todos modos, la suma está muy lejos de los US$ 4000 millones planteados por el Gobierno a mediados de 2013, cuando se lanzó este polémico régimen de exteriorización de capitales. El mes pasado fue el de mayor ebullición de la causa que el organismo fiscal encabezado por Ricardo Echegaray llevó adelante por las 4040 cuentas bancarias de argentinos presuntamente no declaradas en el HSBC en Suiza.
Por un lado, la AFIP denunció a fines de noviembre a los titulares de esas cuentas y al banco, aunque muchos de esos contribuyentes ya aclararon que las tenían declaradas y el banco también explicó que no participó de maniobras ilícitas. Por el otro, el Congreso sancionó una ley que creó una comisión investigadora que citará tanto a los contribuyentes como a los banqueros, aunque sus funciones fueron cuestionadas por varios abogados constitucionalistas.
La Dra. Flavia Melzi opina sobre la falta de ajuste por inflación, un tema que hoy es centro de debate de la profesión.

En el marco del 20º Congreso Nacional para Profesionales en Ciencias Económicas que se desarrolló en Salta, la Dra. Flavia Melzi, ex vicepresidenta del CPCE de CABA, realizó consideraciones sobre la prohibición de ajustar por inflación los estados contables.
-¿Cómo es hoy la situación después de tantos años con inflación ante la falta de ajuste de los estados contables?
–Desde hace varios años se vienen haciendo jornadas en las cuales se destacaba la necesidad de reimplantar el ajuste por inflación impositivo porque termina tributándose sin existencia de capacidad contributiva. El problema fundamental desde el punto de vista tributario es que el no reconocimiento del poder adquisitivo por el impacto inflacionario, hace pagar impuesto sobre rentas ficticias o, aquel que tiene el efecto inverso, tiene quebrantos cuando podría llegar a tener utilidades por efecto de la inflación. El tema es la dicotomía que ha venido existiendo en todos estos años, por primera vez en este Congreso pareciera que se están uniendo ambas cuestiones, es qué pasa con el tema de la inflación en materia contable y en materia impositiva.
-El tema tiene más discusión en la cuestión tributaria.
-El reclamo de ajuste en materia impositiva viene desde hace muchísimos años, desde que empezó a rebrotar la inflación pero, por otro lado, estaba el contrasentido que, incluso las entidades empresarias, planteaban que acá no había que aplicar ajuste por inflación contable porque no se  daban los parámetros internacionales exigidos por las NIC y que el problema era establecer un punto de partida  a partir del cual ajustar.


En poco más de un mes culmina un año signado por una creciente conflictividad social derivada de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por efectos de la inflación. Esta situación que erosiona el bolsillo de los trabajadores, se ve aún más afectada por el impacto derivado del impuesto a las ganancias, que desde el año 2000 se aplica con idénticas escalas (artículo 90) lo que ha despojado al impuesto de su histórico carácter de “progresividad” ubicando al grueso de los trabajadores en la alícuota marginal del 35%.

Con el dictado del Decreto1242/2013 vigente desde el 1 de setiembre de 2013 se  ha entronizado la inequidad, al establecer -por vía reglamentaria sin participación del Congreso Nacional- categorías arbitrarias de contribuyentes según que los salarios  brutos obtenidos durante los meses de enero a agosto de 2013 hubieren resultado: a) no superiores a $ 15.000.- (en cuyo caso dichos trabajadores han quedado exentos del impuesto sin importar su situación posterior); b) superiores a $ 15.000.- e inferiores a $ 25.000.- o c) superiores a $ 25.000.-, siendo estas dos últimas categorías pasibles de la deducción personales si bien en diferente magnitud cual una suerte de regreso a la “tablita de Machinea” cuya derogación fue merecedora de elogios.

Para retornar a la progresividad del tributo deben actualizarse los tramos de la escala y las deducciones personales. Si utilizáramos  el índice de incremento salarial operado a setiembre 2014 ([1]), un trabajador soltero que percibiera un salario bruto de $ 27.700.- resultaría fuera de imposición, y si fuera casado y con dos hijos su remuneración bruta se incrementaría a $ 33.500.-, cuando en la actualidad estos trabajadores, según en qué tramo se ubicaran sus ingresos entre enero y agosto de 2013 están tributando cifras de entre $.3000.- y $ 5.000.-  ([2]). Y con relación a las escalas, de considerar idéntica pauta de repotenciación, recién saltarían de la escala menor fijada en un 9% aquellos trabajadores cuyas remuneraciones netas superasen los $ 33.700.- en los $37.900.- para un casado con dos hijos. Y sólo se ubicarían en la escala marginal mayor (la de 35%), aquellos trabajadores (sin duda no sindicalizados y de cargos directivos de alta gerencia) que rondasen los $ 145.000.- netos mensuales. Sin duda estos guarismos lejos están de la media de los trabajadores.


[1] IS publicado por el INDEC disponible octubre de 2001 / setiembre 2014
[2][2] Se han tomado como base los montos de deducciones personales establecidos por Ley 24587, sin considerar los Decretos 314/06 y Ley 26287 que incrementaron la deducción especial para trabajadores en relación de dependencia primero a un 280% y luego un 380%, cuya consideración elevaría notoriamente los salarios fuera de imposición.


Empresas con inflación y sin ajuste


Mientras el Gobierno argentino sigue sin aceptar que se refleje el impacto de la suba de precios en la información financiera y tributaria de las empresas, los profesionales advierten los riesgos. No sólo genera una marcada inequidad en la carga tributaria, sino que muchas firmas podrían estar descapitalizándose al distribuir dividendos sobre utilidades ficticias.




No es un tema nuevo, pero mientras más tiempo pasa, las distorsiones aumentan y la salida se torna más complicada. El efecto negativo de la inflación en la economía genera grandes inequidades, sobre todo, cuando desde las órbitas oficiales no se la quiere reconocer (ni permitir que lo hagan los particulares).
En concreto, la falta de ajuste por inflación en los balances de las empresas, ante subas de precios menores a un dígito anual distorsiona pero podría pasar. Pero, cuando los incrementos superan el 20, 30 o 40 por ciento anual la irrealidad se hace cada vez mayor y la información empresaria ya no representa lo que sucede.
En este escenario, las compañías se enfrentan ante dos problemas: la falta de los ajustes contable e impositivo. Este último es el más conocido y es por el cual la mayoría de las empresas se quejan, incluso en la justicia (ver La posición de la Corte... ) porque, en muchos casos (no todos) implica tributar más.
Sin embargo, el segundo no es un tema menor. Si un balance arroja ganancias ficticias y la firma decide distribuir dividendos, una parte de estos pueden ser utilidades pero es muy probable que otra parte sea capital.
Esto implica, entonces, una paulatina descapitalización de las empresas; si fueran firmas extranjeras, incluso podrían llegar a girar utilidades al exterior (en estos momentos, el cepo cambiario restringió esta posibilidad) que, en realidad, generan una desinversión en el país.
Esto hace que no demasiadas empresas se vean tentadas a ajustar por inflación sus estados contables. Para muchos accionistas y también para muchos directivos no es agradable mostrar balances con pérdidas.
Pero la descapitalización tampoco es buena para la economía. “Planteamos al Gobierno que en estos niveles de inflación se corre el riesgo de distribuir utilidades ficticias y disminuir el capital”, explica José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba.
La Federación nacional y los titulares de los 24 Consejos firmaron y presentaron al Gobierno un documento para pedir la derogación del decreto que impide el ajuste.

(hacer click sobre imagen para ver texto ampliado)

Derecho Tributario Provincial y Municipal





La Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF) presidida por el doctor Miguel A. Tesón realizó el 5 y 6 de junio pasado en la Bolsa de Comercio de Rosario la Primera. Jornada de Derecho Tributario Provincial y Municipal. En el encuentro se analizaron dos ejes temáticos: los límites al ejercicio de potestades fiscales de provincias y municipios, y el acceso a la Justicia en materia tributaria provincial y municipal respecto de la determinación de deuda y de las facultades sancionatorias. 

Distintos especialistas debatieron sobre las obligaciones de los contribuyentes y las exigencias de los diferentes fiscos, planteando recomendaciones, las que se transcriben a continuación: 

Recomendaciones 
Sobre "Límites al ejercicio de potestades fiscales de provincias y municipios", entre otras, se pueden destacar:
1. Realizar una urgente revisión de los sistemas de coordinación fiscal entre los diferentes niveles de gobierno actualmente vigentes, para evitar que el desfinanciamiento originado en su aplicación deficiente sea suplido por el aumento desmedido de la presión tributaria de los contribuyentes propios y ajenos.
2. Eliminar toda disposición discriminatoria en la legislación tributaria provincial y municipal que consagre un tratamiento más gravoso a quienes no tengan establecimiento industrial en la jurisdicción, porque vulnera principios constitucionales.
3. Derogar toda disposición que pretenda establecer en virtud de la aplicación de presunciones sujetos tributarios en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
4. Excluir los ingresos provenientes del exterior (exportaciones de bienes y servicios) en la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para priorizar el principio de tributación en destino, favorecer la competitividad de la Argentina en los mercados internacionales y evitar que se produzcan asimetrías entre las jurisdicciones en la distribución del impuesto provincial.
5. Eliminar los regímenes de recaudación que se encuentran disociados del hecho imponible y base imponible de los impuestos que supuestamente los originan (por ejemplo, regímenes de percepción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y regímenes de retención bancaria)
6. Establecer un sistema automático de exclusión y simplificado de reintegro o devolución de los recurrentes saldos a favor del contribuyente que se generen a través de los regímenes de recaudación. 

Estuvo a cargo de los doctores Elvira Balbo, Rodrigo Lema, Aníbal O. Bertea, en carácter de autoridades; y de Enrique Bulit Goñi, Pablo Garat, César Litvin y Rodolfo Spisso, como panelistas. 

Sobre "El acceso a la Justicia en materia tributaria provincial y municipal respecto de la determinación de deuda y de las facultades sancionatorias" se pueden puntualizar entre un número mayor las siguientes:
1. Articular el derecho a la protección de los datos personales (Ley 25326, art 43 CN), válido para personas físicas y jurídicas, lo cual limita a los Fiscos actuantes a solicitar datos con "relevancia tributaria específica". Implementar una solicitud de datos racional.
2. Sobre las vías procesales en el contencioso tributario, derogar el instituto "Solve et repete" y su condición de admisibilidad de los recursos administrativos y judiciales, debiendo quedar reservado en tal caso a la acción contenciosa ante la justicia y, de ser posible, con las limitaciones propuestas a fin de mantener una situación de equilibrio entre los intereses y derechos de las partes en contienda.
3. Generalizar los tribunales fiscales en las provincias, hoy casi restringido a la provincia de Buenos Aires.
4. Revisar la multiplicidad de plazos para interponer la acción ante la Comisión Arbitral; la forma en que se evalúa la prueba aportada y las pocas veces que se provee la ofrecida, generando dudas sobre el respeto del debido proceso adjetivo.
5. Examinar ciertas exigencias del Protocolo Adicional, en particular el de la acreditación de la inducción al error y el de la inexistencia de diferencias de base imponible. Estas implican en cierto modo mantener el "status quo" vigente antes del dictado de dicha Resolución General.
6. Reconocer que los fiscos a cualquier nivel carecen de facultades para imponer sanciones de naturaleza penal, de acuerdo a los principios convencionales y constitucionales, las que deberán ser diferidas para su aplicación al Poder Judicial. 

Estuvo a cargo de los doctores Mario A. Saccone, Gabriela Farizano, Daniel Borrego, como autoridades; y de Teresa Gómez, Flavia Melzi y Claudio Luis, en calidad de panelistas.



29-05-2014 El organismo a cargo de Ricardo Echegaray comenzó a intimar a los ejecutivos. Sucede que la mayoría se encuentra en el régimen de autónomos registrados en categorías cuyos parámetros no se actualizan hace más de 7 años.

Fuente: Iprofesional

A través de las fiscalizaciones electrónicas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó una nueva tanda de intimaciones dirigidas a los directores de empresas para que paguen más impuestos.

Sucede que la mayoría de los ejecutivos se encuentran en el régimen de autónomos, encuadrados en categorías cuyos parámetros no se actualizan hace ya más de siete años.
Paradójicamente, si bien las escalas no se modifican hace tiempo, la cuota mensual que deben pagar los contribuyentes aumenta semestralmente al ritmo del índice de movilidad jubilatoria.

En este escenario, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray decidió aumentar la presión tributaria sobre quienes soportan un régimen que lleva años desactualizado.
Intimaciones a directores de empresas.

Según la información a la que pudo acceder iProfesional, las intimaciones a los ejecutivos se están instrumentando a través de la flamante herramienta denominada fiscalizaciones electrónicas.


Sumado a la típica presentación de la fiscalización, se adjunta una carilla en donde la AFIP cuestiona el encuadramiento tributario del director de cierta empresa y pregunta sobre los ingresos de los últimos años y la categoría de autónomos cancelada durante ese tiempo.


"De acuerdo a la información obrante en esta Administración Federal, usted se encuentra registrado en el Régimen General de Autónomos con categorías que no condicen con sus ingresos declarados", asegura la intimación que está llegando por estos días a los altos directivos.

Autónomos: la desactualización eterna
A fin de encontrar una explicación a la falta de ajustes al régimen, el consultor tributario Alberto Romero fue categórico: "No existe una CGT que represente a estos trabajadores. Y menos aún un Hugo Moyano que, a través de medidas de fuerza, intente obtener un beneficio para los independientes".

"Los autónomos no tienen gremio que los represente. Y eso debilita la posición que pueden presentar ante el Ejecutivo para motorizar un posible alivio en la carga fiscal", puntualizó el experto.

En tanto, la consultora tributaria Flavia Melzi, advirtió que "si bien -en los últimos tiempos- el aporte mensual a cancelar se ha ido elevando periódicamente, respetando una cláusula de repotenciación, nada se ha previsto respecto a la actualización de los montos de ingresos brutos obtenidos, base utilizada para encuadrarse en una u otra categoría". 
"Los valores se han mantenido sin alteración alguna desde el dictado del decreto 1866/06, previendo montos de entre $15.000 y $30.000 anuales", argumentó.

"Que el límite sea de $30.000 anuales ($2.500 mensuales) es una falta de respeto a la inteligencia de los trabajadores independientes", aseguró Romero.

Fiscalizaciones electrónicas: un mecanismo que aún debe ajustarse
Según la normativa vigente, a fin de iniciar las inspecciones electrónicas, el organismo de recaudación primero debe notificar a los sujetos respectivos en su domicilio.

En caso de que resultara negativa la misiva (es decir, si no se hubiese recibido o la dirección fuera incorrecta), el fisco podrá utilizar otros métodos como el de dejar la carta a algún portero o encargado, si se tratara de un edificio, o colocada en la puerta adherida.
Dentro de los 10 días siguientes, el contribuyente deberá contestar el requerimiento que se le formule.

Para ello, tendrá que acceder al servicio "AFIP - Fiscalización Electrónica" - Opción "Cumplimiento de Requerimiento Fiscal Electrónico", disponible en el portal oficial. Allí, deberá ingresar el "Número de Fiscalización Electrónica" y contestar en línea el requerimiento. 

Asimismo, podrá adjuntar -por la misma vía y en formato "pdf"- la prueba documental que considere oportuna presentar y que no se encuentre en poder del organismo de recaudación.

La reglamentación vigente establece, además, que el suministro de la información y datos que se efectúe por transferencia electrónica tendrá carácter de declaración jurada.

La especialista en derecho tributario Agustina O'Donnell cuestionó algunos aspectos de la normativa. En este sentido, la experta hizo hincapié en la falta de sustento legal de las sanciones impuestas por el marco regulatorio.

Y destacó que "las fiscalizaciones electrónicas sirven para controlar la veracidad del domicilio fiscal declarado por los contribuyentes, a punto tal que la falta de ubicación de estos en los mismos acarrea consecuencias tan graves y de tal severidad como la suspensión de la CUIT, la comunicación de dicha situación al BCRA y, por último, la inclusión del incumplidor en un listado en la web del propio organismo de recaudación".

"En definitiva, este nuevo procedimiento de inspección electrónica cuyo propósito es inducir al contribuyente a declarar correctamente sus obligaciones y a que las corrija a tiempo en casos de desvíos, frente a incumplimientos a sus disposiciones posee consecuencias graves que no están previstas en la leyes", aseguró la especialista.

"Esto afecta su razonabilidad y recuerda las palabras de la Corte Suprema en la causa Intercorp cuando dijo que no resulta admisible que, a la hora de establecer procedimientos destinados a garantizar la normal y expedita percepción de la renta pública se recurra a instrumentos que quebrantan el orden constitucional", agregó O'Donnell.

"Es que la mera conveniencia de un mecanismo para conseguir un objetivo de gobierno -por más loable que éste sea- en forma alguna justifica la violación de las garantías y derechos consagrados en el texto constitucional", puntualizó la tributarista.

Al respecto, la experta también destacó que "la AFIP aún no ha regulado un procedimiento en el que el se permita al contribuyente ejercer su derecho de defensa y controvierta su aplicación como sí existe, por ejemplo, en la Ley de Procedimiento Fiscal para las multas formales".

"Hay que tener presente los derechos y límites legales y constitucionales que los particulares y empresas pueden hacer valer durante el proceso, como los que tutelan su derecho de defensa, el de la intimidad y el que lo exime de autoinculparse", indicó.

Y concluyó: "Al igual que en otro tipo de fiscalizaciones debe tenerse particular atención en la documentación que se aporta, máxime cuando la determinación de la eventual deuda pueda tener incidencia penal tributaria".



Presidente de las Jornadas:
Dr. Miguel A. M. Tesón
Comité Científico
Presidente: Dr. Miguel A. F. Di Mascio
Vocales: Dres. Gustavo J. Naveira de Casanova, Arístides H. M. Corti, Ana María Grecchi, Juan Manuel De Iparraguirre,
María Angélica Gastaldi,  Pablo J. M. Revilla, Carlos Ariel Lapine y Guillermo A. Lalanne
Comité Ejecutivo
Presidente: Dra. Gabriela I. Tozzini
Vocales: Dres. José Raffin, Margarita Zabalza, Cristian Scoponi, Juan F. Dogliani, Marcelo Tassisto, Santiago Rossi,
Agueda M. Orsaria, Karin Nebel, Carolina L. Maffioli, Enrique Lingua, Fabián Curto, Laura M. Marcos, Darío O. Paglietta y Rubén Ranieri 

Primera Jornada: 5 de junio de 2014

Acreditaciones: Horario 08:30 a 09:00 hs.
Apertura:            Horario 09:00 a 09:30 hs.

Panel I: “Límites al ejercicio de Potestades Fiscales de Provincias y Municipios
Horario 09:30 a 13:00 hs.

Presidente: Dra. Elvira Balbo
Secretario: Dr. Rodrigo Lema
Relator: Dr. Aníbal O. Bertea
Panelistas: Dr. Enrique G. Bulit Goñi, Pablo Garat, César R. Litvin, y Rodolfo R. Spisso

Panel II: “El acceso a la justicia en materia tributaria provincial y municipal respecto
de la determinación de la deuda y de las facultades sancionatorias
Horario 15.30 a 20:00hs.

Presidente: Dr. Mario A. Saccone
Secretario: Dra. Gabriela Farizano
Relator: Dr. Daniel Borrego
Panelistas: Dres. Arístides H. M. Corti, Teresa Gómez, Javier López Biscayart y  Flavia I. Melzi


Segunda Jornada: 6 de junio de 2014

Reuniones de Paneles I y II- Trabajo en Comisiones
Horario 10:00a 12:00 hs.

Mesa Redonda: La creación de los Agentes de recaudación (percepción o retención) y su nuevo rol en la experiencia de los Fiscos locales. Unificación”. La ley de Coparticipación. Su reforma.
Horario 13:00a 15:30 hs.

Moderadores:
Dr. Miguel A. F. Di Mascio y Dra. Gabriela I. Tozzini
Expositores:
       Dr. Gerardo Ratti                   (Vicepresidente de la Comisión Arbitral),
 Dr. Sergio Beccari                     (Sec. Ingresos Públicos Santa Fe),
       Dr. Demian E. Tujsnaider  (AGIP Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
                                               Dra. Verónica Irízar                    (Sec. de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Rosario),
      Dr. Alberto Macua                      ( Director de la empresa Vicentín SA).

Actividad Arancelada con inscripción previa limitada (www.aaef.org.ar)

Miembros:  $600                               No  Miembros:     $ 1.200 (iva inc.)


Inscripciones: www.aaef.org.ar
Informes :
Secretaría de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales -
Av. Julio A. Roca 751, planta baja - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel / Fax: (54-11) 4342-1796/7837 y 4345-0218


Lugar de realización:
Bolsa de Comercio de Rosario -Paraguay 755 - Rosario - Prov. Santa Fe


POR ISMAEL BERMÚDEZ

Los asalariados sufren recortes por los aportes previsionales, la obra social y sobre todo la falta de actualización del mínimo no imponible de Ganancias, que fue uno de los reclamos del paro masivo.

13/04/14
Cerca de la mitad del sueldo bruto de un trabajador va a parar a la AFIP. Al impacto creciente de Ganancias hay que sumar los descuentos de jubilación y de obra social, más la erosión adicional que implica el 21% de IVA, los ingresos brutos y otros impuestos y tasas. Y agregar la incidencia negativa del impuesto a los Bienes Personales sobre los ingresos de los empleados o trabajadores por cuenta propia que tienen un departamento pequeño y un auto y sobre los monotributistas y autónomos del impuesto “al cheque”.
“Un trabajador, sin cargas de familia, con ingresos brutos mensuales de $ 20.000 soporta descuentos del orden del 41,86%, como consecuencia del impacto que generan las cargas previsionales, el impuesto a las ganancias y el Impuesto al Valor Agregado contenido en sus consumos. Para un trabajador con ingresos de más de $ 25.000 la presión tributaria se eleva hasta un 46,45% del salario bruto. Y si se computan tributos como el impuesto sobre los ingresos brutos o las tasas municipales que se incorporan en el sistema de precios sin discriminación en el precio final del producto, los porcentajes suben significativamente y pueden hasta superar el 50% de los salarios brutos del trabajador”.
Así le dijo a Clarín la especialista Flavia Melzi, quien agregó que “con los cambios en Ganancias generados por la aplicación del Decreto 1242/13, las distorsiones son mayores”. Por ejemplo, los trabajadores que tenían entre enero y agosto de 2013 ingresos no superiores a $ 15.000 han quedado fuera del impuesto a las Ganancias, aunque ahora superen ampliamente dichos ingresos. En cambio, a los que ingresaron al mercado laboral con posterioridad a dicho decreto, les descuentan del sueldo dicho impuesto aún cuando sus ingresos son inferiores a los $ 15.000 mensuales.
“Esto pone en evidencia la necesidad insoslayable de propiciar una reforma tributaria, que tienda a corregir estos desequilibrios, readecuando las escalas del impuesto y reestableciendo además un mecanismo de repotenciación automática que reduzca la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el establecimiento de las deducciones personales”, señala Melzi.
El planteo de Melzi se refuerza porque la desactualización del mínimo no imponible y demás descuentos y el congelamiento a los valores del año 2000 de las escalas salariales sobre las que se aplican las alícuotas de Ganancias, de acuerdo a los cálculos del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), han más que duplicado, para tramos salariales bajos, el impacto de este tributo en el bolsillo: subió del 9 al 20,5%.
IARAF también señala que “en 2001 para comenzar a tributar la tasa más alta del impuesto (35%), un trabajador casado con dos hijos debía obtener ingresos que superaran en 5,5 veces los mínimos y deducciones. En la actualidad, se comienza a tributar esa alícuota con ingresos apenas una vez superiores a los mínimos y deducciones”.
A su vez, la falta de ajuste de los tramos de escala es profundamente regresiva porque afecta mucho más a los sectores de ingresos medios que a los sectores altos, que ya inicialmente tenían una alta proporción de sus ingresos alcanzados por los tramos superiores de la escala.
Por ejemplo, dice el IARAF, un trabajador que en 2001 percibía $ 10.000 anuales por sobre los mínimos y deducciones vigentes ahora, con ese valor actualizado, pasó de tributar el 9% al 20,5% de ese excedente, lo que significa un incremento del 128%. Por el contrario, un trabajador que en el año 2001 percibía ingresos netos anuales, por ejemplo diez veces superiores a los mínimos y deducciones ($216.000) tributaba un impuesto de $62.100, es decir el 28,75% sobre el excedente. Este trabajador de altos ingresos, que haya ajustado sus ingresos nominales en porcentajes similares a la inflación, en la actualidad también habrá visto incrementada su obligación impositiva pero en un porcentaje mucho menor ya que está tributando el 34% del excedente, lo que significa un incremento porcentual de solamente el 18%”.
IARAF agrega que la falta de actualización de la base imponible de Bienes Personales –desde 2007 en $ 305.000 – “implica que prácticamente la totalidad de las familias que sean propietarias de un inmueble relativamente pequeño y un automóvil de menos de cinco años de antigüedad (y no posean un crédito hipotecario equivalente a un porcentaje importante de la propiedad) hayan pasado, en muchos casos sin siquiera saberlo, a estar obligados a tributar este impuesto”.

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