Empresas con inflación y sin ajuste


Mientras el Gobierno argentino sigue sin aceptar que se refleje el impacto de la suba de precios en la información financiera y tributaria de las empresas, los profesionales advierten los riesgos. No sólo genera una marcada inequidad en la carga tributaria, sino que muchas firmas podrían estar descapitalizándose al distribuir dividendos sobre utilidades ficticias.




No es un tema nuevo, pero mientras más tiempo pasa, las distorsiones aumentan y la salida se torna más complicada. El efecto negativo de la inflación en la economía genera grandes inequidades, sobre todo, cuando desde las órbitas oficiales no se la quiere reconocer (ni permitir que lo hagan los particulares).
En concreto, la falta de ajuste por inflación en los balances de las empresas, ante subas de precios menores a un dígito anual distorsiona pero podría pasar. Pero, cuando los incrementos superan el 20, 30 o 40 por ciento anual la irrealidad se hace cada vez mayor y la información empresaria ya no representa lo que sucede.
En este escenario, las compañías se enfrentan ante dos problemas: la falta de los ajustes contable e impositivo. Este último es el más conocido y es por el cual la mayoría de las empresas se quejan, incluso en la justicia (ver La posición de la Corte... ) porque, en muchos casos (no todos) implica tributar más.
Sin embargo, el segundo no es un tema menor. Si un balance arroja ganancias ficticias y la firma decide distribuir dividendos, una parte de estos pueden ser utilidades pero es muy probable que otra parte sea capital.
Esto implica, entonces, una paulatina descapitalización de las empresas; si fueran firmas extranjeras, incluso podrían llegar a girar utilidades al exterior (en estos momentos, el cepo cambiario restringió esta posibilidad) que, en realidad, generan una desinversión en el país.
Esto hace que no demasiadas empresas se vean tentadas a ajustar por inflación sus estados contables. Para muchos accionistas y también para muchos directivos no es agradable mostrar balances con pérdidas.
Pero la descapitalización tampoco es buena para la economía. “Planteamos al Gobierno que en estos niveles de inflación se corre el riesgo de distribuir utilidades ficticias y disminuir el capital”, explica José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba.
La Federación nacional y los titulares de los 24 Consejos firmaron y presentaron al Gobierno un documento para pedir la derogación del decreto que impide el ajuste.

Derecho Tributario Provincial y Municipal





La Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF) presidida por el doctor Miguel A. Tesón realizó el 5 y 6 de junio pasado en la Bolsa de Comercio de Rosario la Primera. Jornada de Derecho Tributario Provincial y Municipal. En el encuentro se analizaron dos ejes temáticos: los límites al ejercicio de potestades fiscales de provincias y municipios, y el acceso a la Justicia en materia tributaria provincial y municipal respecto de la determinación de deuda y de las facultades sancionatorias. 

Distintos especialistas debatieron sobre las obligaciones de los contribuyentes y las exigencias de los diferentes fiscos, planteando recomendaciones, las que se transcriben a continuación: 

Recomendaciones 
Sobre "Límites al ejercicio de potestades fiscales de provincias y municipios", entre otras, se pueden destacar:
1. Realizar una urgente revisión de los sistemas de coordinación fiscal entre los diferentes niveles de gobierno actualmente vigentes, para evitar que el desfinanciamiento originado en su aplicación deficiente sea suplido por el aumento desmedido de la presión tributaria de los contribuyentes propios y ajenos.
2. Eliminar toda disposición discriminatoria en la legislación tributaria provincial y municipal que consagre un tratamiento más gravoso a quienes no tengan establecimiento industrial en la jurisdicción, porque vulnera principios constitucionales.
3. Derogar toda disposición que pretenda establecer en virtud de la aplicación de presunciones sujetos tributarios en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
4. Excluir los ingresos provenientes del exterior (exportaciones de bienes y servicios) en la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para priorizar el principio de tributación en destino, favorecer la competitividad de la Argentina en los mercados internacionales y evitar que se produzcan asimetrías entre las jurisdicciones en la distribución del impuesto provincial.
5. Eliminar los regímenes de recaudación que se encuentran disociados del hecho imponible y base imponible de los impuestos que supuestamente los originan (por ejemplo, regímenes de percepción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y regímenes de retención bancaria)
6. Establecer un sistema automático de exclusión y simplificado de reintegro o devolución de los recurrentes saldos a favor del contribuyente que se generen a través de los regímenes de recaudación. 

Estuvo a cargo de los doctores Elvira Balbo, Rodrigo Lema, Aníbal O. Bertea, en carácter de autoridades; y de Enrique Bulit Goñi, Pablo Garat, César Litvin y Rodolfo Spisso, como panelistas. 

Sobre "El acceso a la Justicia en materia tributaria provincial y municipal respecto de la determinación de deuda y de las facultades sancionatorias" se pueden puntualizar entre un número mayor las siguientes:
1. Articular el derecho a la protección de los datos personales (Ley 25326, art 43 CN), válido para personas físicas y jurídicas, lo cual limita a los Fiscos actuantes a solicitar datos con "relevancia tributaria específica". Implementar una solicitud de datos racional.
2. Sobre las vías procesales en el contencioso tributario, derogar el instituto "Solve et repete" y su condición de admisibilidad de los recursos administrativos y judiciales, debiendo quedar reservado en tal caso a la acción contenciosa ante la justicia y, de ser posible, con las limitaciones propuestas a fin de mantener una situación de equilibrio entre los intereses y derechos de las partes en contienda.
3. Generalizar los tribunales fiscales en las provincias, hoy casi restringido a la provincia de Buenos Aires.
4. Revisar la multiplicidad de plazos para interponer la acción ante la Comisión Arbitral; la forma en que se evalúa la prueba aportada y las pocas veces que se provee la ofrecida, generando dudas sobre el respeto del debido proceso adjetivo.
5. Examinar ciertas exigencias del Protocolo Adicional, en particular el de la acreditación de la inducción al error y el de la inexistencia de diferencias de base imponible. Estas implican en cierto modo mantener el "status quo" vigente antes del dictado de dicha Resolución General.
6. Reconocer que los fiscos a cualquier nivel carecen de facultades para imponer sanciones de naturaleza penal, de acuerdo a los principios convencionales y constitucionales, las que deberán ser diferidas para su aplicación al Poder Judicial. 

Estuvo a cargo de los doctores Mario A. Saccone, Gabriela Farizano, Daniel Borrego, como autoridades; y de Teresa Gómez, Flavia Melzi y Claudio Luis, en calidad de panelistas.



29-05-2014 El organismo a cargo de Ricardo Echegaray comenzó a intimar a los ejecutivos. Sucede que la mayoría se encuentra en el régimen de autónomos registrados en categorías cuyos parámetros no se actualizan hace más de 7 años.

Fuente: Iprofesional

A través de las fiscalizaciones electrónicas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó una nueva tanda de intimaciones dirigidas a los directores de empresas para que paguen más impuestos.

Sucede que la mayoría de los ejecutivos se encuentran en el régimen de autónomos, encuadrados en categorías cuyos parámetros no se actualizan hace ya más de siete años.
Paradójicamente, si bien las escalas no se modifican hace tiempo, la cuota mensual que deben pagar los contribuyentes aumenta semestralmente al ritmo del índice de movilidad jubilatoria.

En este escenario, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray decidió aumentar la presión tributaria sobre quienes soportan un régimen que lleva años desactualizado.
Intimaciones a directores de empresas.

Según la información a la que pudo acceder iProfesional, las intimaciones a los ejecutivos se están instrumentando a través de la flamante herramienta denominada fiscalizaciones electrónicas.


Sumado a la típica presentación de la fiscalización, se adjunta una carilla en donde la AFIP cuestiona el encuadramiento tributario del director de cierta empresa y pregunta sobre los ingresos de los últimos años y la categoría de autónomos cancelada durante ese tiempo.


"De acuerdo a la información obrante en esta Administración Federal, usted se encuentra registrado en el Régimen General de Autónomos con categorías que no condicen con sus ingresos declarados", asegura la intimación que está llegando por estos días a los altos directivos.

Autónomos: la desactualización eterna
A fin de encontrar una explicación a la falta de ajustes al régimen, el consultor tributario Alberto Romero fue categórico: "No existe una CGT que represente a estos trabajadores. Y menos aún un Hugo Moyano que, a través de medidas de fuerza, intente obtener un beneficio para los independientes".

"Los autónomos no tienen gremio que los represente. Y eso debilita la posición que pueden presentar ante el Ejecutivo para motorizar un posible alivio en la carga fiscal", puntualizó el experto.

En tanto, la consultora tributaria Flavia Melzi, advirtió que "si bien -en los últimos tiempos- el aporte mensual a cancelar se ha ido elevando periódicamente, respetando una cláusula de repotenciación, nada se ha previsto respecto a la actualización de los montos de ingresos brutos obtenidos, base utilizada para encuadrarse en una u otra categoría". 
"Los valores se han mantenido sin alteración alguna desde el dictado del decreto 1866/06, previendo montos de entre $15.000 y $30.000 anuales", argumentó.

"Que el límite sea de $30.000 anuales ($2.500 mensuales) es una falta de respeto a la inteligencia de los trabajadores independientes", aseguró Romero.

Fiscalizaciones electrónicas: un mecanismo que aún debe ajustarse
Según la normativa vigente, a fin de iniciar las inspecciones electrónicas, el organismo de recaudación primero debe notificar a los sujetos respectivos en su domicilio.

En caso de que resultara negativa la misiva (es decir, si no se hubiese recibido o la dirección fuera incorrecta), el fisco podrá utilizar otros métodos como el de dejar la carta a algún portero o encargado, si se tratara de un edificio, o colocada en la puerta adherida.
Dentro de los 10 días siguientes, el contribuyente deberá contestar el requerimiento que se le formule.

Para ello, tendrá que acceder al servicio "AFIP - Fiscalización Electrónica" - Opción "Cumplimiento de Requerimiento Fiscal Electrónico", disponible en el portal oficial. Allí, deberá ingresar el "Número de Fiscalización Electrónica" y contestar en línea el requerimiento. 

Asimismo, podrá adjuntar -por la misma vía y en formato "pdf"- la prueba documental que considere oportuna presentar y que no se encuentre en poder del organismo de recaudación.

La reglamentación vigente establece, además, que el suministro de la información y datos que se efectúe por transferencia electrónica tendrá carácter de declaración jurada.

La especialista en derecho tributario Agustina O'Donnell cuestionó algunos aspectos de la normativa. En este sentido, la experta hizo hincapié en la falta de sustento legal de las sanciones impuestas por el marco regulatorio.

Y destacó que "las fiscalizaciones electrónicas sirven para controlar la veracidad del domicilio fiscal declarado por los contribuyentes, a punto tal que la falta de ubicación de estos en los mismos acarrea consecuencias tan graves y de tal severidad como la suspensión de la CUIT, la comunicación de dicha situación al BCRA y, por último, la inclusión del incumplidor en un listado en la web del propio organismo de recaudación".

"En definitiva, este nuevo procedimiento de inspección electrónica cuyo propósito es inducir al contribuyente a declarar correctamente sus obligaciones y a que las corrija a tiempo en casos de desvíos, frente a incumplimientos a sus disposiciones posee consecuencias graves que no están previstas en la leyes", aseguró la especialista.

"Esto afecta su razonabilidad y recuerda las palabras de la Corte Suprema en la causa Intercorp cuando dijo que no resulta admisible que, a la hora de establecer procedimientos destinados a garantizar la normal y expedita percepción de la renta pública se recurra a instrumentos que quebrantan el orden constitucional", agregó O'Donnell.

"Es que la mera conveniencia de un mecanismo para conseguir un objetivo de gobierno -por más loable que éste sea- en forma alguna justifica la violación de las garantías y derechos consagrados en el texto constitucional", puntualizó la tributarista.

Al respecto, la experta también destacó que "la AFIP aún no ha regulado un procedimiento en el que el se permita al contribuyente ejercer su derecho de defensa y controvierta su aplicación como sí existe, por ejemplo, en la Ley de Procedimiento Fiscal para las multas formales".

"Hay que tener presente los derechos y límites legales y constitucionales que los particulares y empresas pueden hacer valer durante el proceso, como los que tutelan su derecho de defensa, el de la intimidad y el que lo exime de autoinculparse", indicó.

Y concluyó: "Al igual que en otro tipo de fiscalizaciones debe tenerse particular atención en la documentación que se aporta, máxime cuando la determinación de la eventual deuda pueda tener incidencia penal tributaria".



Presidente de las Jornadas:
Dr. Miguel A. M. Tesón
Comité Científico
Presidente: Dr. Miguel A. F. Di Mascio
Vocales: Dres. Gustavo J. Naveira de Casanova, Arístides H. M. Corti, Ana María Grecchi, Juan Manuel De Iparraguirre,
María Angélica Gastaldi,  Pablo J. M. Revilla, Carlos Ariel Lapine y Guillermo A. Lalanne
Comité Ejecutivo
Presidente: Dra. Gabriela I. Tozzini
Vocales: Dres. José Raffin, Margarita Zabalza, Cristian Scoponi, Juan F. Dogliani, Marcelo Tassisto, Santiago Rossi,
Agueda M. Orsaria, Karin Nebel, Carolina L. Maffioli, Enrique Lingua, Fabián Curto, Laura M. Marcos, Darío O. Paglietta y Rubén Ranieri 

Primera Jornada: 5 de junio de 2014

Acreditaciones: Horario 08:30 a 09:00 hs.
Apertura:            Horario 09:00 a 09:30 hs.

Panel I: “Límites al ejercicio de Potestades Fiscales de Provincias y Municipios
Horario 09:30 a 13:00 hs.

Presidente: Dra. Elvira Balbo
Secretario: Dr. Rodrigo Lema
Relator: Dr. Aníbal O. Bertea
Panelistas: Dr. Enrique G. Bulit Goñi, Pablo Garat, César R. Litvin, y Rodolfo R. Spisso

Panel II: “El acceso a la justicia en materia tributaria provincial y municipal respecto
de la determinación de la deuda y de las facultades sancionatorias
Horario 15.30 a 20:00hs.

Presidente: Dr. Mario A. Saccone
Secretario: Dra. Gabriela Farizano
Relator: Dr. Daniel Borrego
Panelistas: Dres. Arístides H. M. Corti, Teresa Gómez, Javier López Biscayart y  Flavia I. Melzi


Segunda Jornada: 6 de junio de 2014

Reuniones de Paneles I y II- Trabajo en Comisiones
Horario 10:00a 12:00 hs.

Mesa Redonda: La creación de los Agentes de recaudación (percepción o retención) y su nuevo rol en la experiencia de los Fiscos locales. Unificación”. La ley de Coparticipación. Su reforma.
Horario 13:00a 15:30 hs.

Moderadores:
Dr. Miguel A. F. Di Mascio y Dra. Gabriela I. Tozzini
Expositores:
       Dr. Gerardo Ratti                   (Vicepresidente de la Comisión Arbitral),
 Dr. Sergio Beccari                     (Sec. Ingresos Públicos Santa Fe),
       Dr. Demian E. Tujsnaider  (AGIP Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
                                               Dra. Verónica Irízar                    (Sec. de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Rosario),
      Dr. Alberto Macua                      ( Director de la empresa Vicentín SA).

Actividad Arancelada con inscripción previa limitada (www.aaef.org.ar)

Miembros:  $600                               No  Miembros:     $ 1.200 (iva inc.)


Inscripciones: www.aaef.org.ar
Informes :
Secretaría de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales -
Av. Julio A. Roca 751, planta baja - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel / Fax: (54-11) 4342-1796/7837 y 4345-0218


Lugar de realización:
Bolsa de Comercio de Rosario -Paraguay 755 - Rosario - Prov. Santa Fe


POR ISMAEL BERMÚDEZ

Los asalariados sufren recortes por los aportes previsionales, la obra social y sobre todo la falta de actualización del mínimo no imponible de Ganancias, que fue uno de los reclamos del paro masivo.

13/04/14
Cerca de la mitad del sueldo bruto de un trabajador va a parar a la AFIP. Al impacto creciente de Ganancias hay que sumar los descuentos de jubilación y de obra social, más la erosión adicional que implica el 21% de IVA, los ingresos brutos y otros impuestos y tasas. Y agregar la incidencia negativa del impuesto a los Bienes Personales sobre los ingresos de los empleados o trabajadores por cuenta propia que tienen un departamento pequeño y un auto y sobre los monotributistas y autónomos del impuesto “al cheque”.
“Un trabajador, sin cargas de familia, con ingresos brutos mensuales de $ 20.000 soporta descuentos del orden del 41,86%, como consecuencia del impacto que generan las cargas previsionales, el impuesto a las ganancias y el Impuesto al Valor Agregado contenido en sus consumos. Para un trabajador con ingresos de más de $ 25.000 la presión tributaria se eleva hasta un 46,45% del salario bruto. Y si se computan tributos como el impuesto sobre los ingresos brutos o las tasas municipales que se incorporan en el sistema de precios sin discriminación en el precio final del producto, los porcentajes suben significativamente y pueden hasta superar el 50% de los salarios brutos del trabajador”.
Así le dijo a Clarín la especialista Flavia Melzi, quien agregó que “con los cambios en Ganancias generados por la aplicación del Decreto 1242/13, las distorsiones son mayores”. Por ejemplo, los trabajadores que tenían entre enero y agosto de 2013 ingresos no superiores a $ 15.000 han quedado fuera del impuesto a las Ganancias, aunque ahora superen ampliamente dichos ingresos. En cambio, a los que ingresaron al mercado laboral con posterioridad a dicho decreto, les descuentan del sueldo dicho impuesto aún cuando sus ingresos son inferiores a los $ 15.000 mensuales.
“Esto pone en evidencia la necesidad insoslayable de propiciar una reforma tributaria, que tienda a corregir estos desequilibrios, readecuando las escalas del impuesto y reestableciendo además un mecanismo de repotenciación automática que reduzca la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el establecimiento de las deducciones personales”, señala Melzi.
El planteo de Melzi se refuerza porque la desactualización del mínimo no imponible y demás descuentos y el congelamiento a los valores del año 2000 de las escalas salariales sobre las que se aplican las alícuotas de Ganancias, de acuerdo a los cálculos del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), han más que duplicado, para tramos salariales bajos, el impacto de este tributo en el bolsillo: subió del 9 al 20,5%.
IARAF también señala que “en 2001 para comenzar a tributar la tasa más alta del impuesto (35%), un trabajador casado con dos hijos debía obtener ingresos que superaran en 5,5 veces los mínimos y deducciones. En la actualidad, se comienza a tributar esa alícuota con ingresos apenas una vez superiores a los mínimos y deducciones”.
A su vez, la falta de ajuste de los tramos de escala es profundamente regresiva porque afecta mucho más a los sectores de ingresos medios que a los sectores altos, que ya inicialmente tenían una alta proporción de sus ingresos alcanzados por los tramos superiores de la escala.
Por ejemplo, dice el IARAF, un trabajador que en 2001 percibía $ 10.000 anuales por sobre los mínimos y deducciones vigentes ahora, con ese valor actualizado, pasó de tributar el 9% al 20,5% de ese excedente, lo que significa un incremento del 128%. Por el contrario, un trabajador que en el año 2001 percibía ingresos netos anuales, por ejemplo diez veces superiores a los mínimos y deducciones ($216.000) tributaba un impuesto de $62.100, es decir el 28,75% sobre el excedente. Este trabajador de altos ingresos, que haya ajustado sus ingresos nominales en porcentajes similares a la inflación, en la actualidad también habrá visto incrementada su obligación impositiva pero en un porcentaje mucho menor ya que está tributando el 34% del excedente, lo que significa un incremento porcentual de solamente el 18%”.
IARAF agrega que la falta de actualización de la base imponible de Bienes Personales –desde 2007 en $ 305.000 – “implica que prácticamente la totalidad de las familias que sean propietarias de un inmueble relativamente pequeño y un automóvil de menos de cinco años de antigüedad (y no posean un crédito hipotecario equivalente a un porcentaje importante de la propiedad) hayan pasado, en muchos casos sin siquiera saberlo, a estar obligados a tributar este impuesto”.



03-04-2014 A menos de una semana para que arranquen los plazos, y sin mediar la respectiva resolución general, el fisco nacional informó a través de su sistema web los importes que tienen que pagar los trabajadores independientes a partir de este mes.

A menos de una semana que arranquen los vencimientos, y sin mediar la respectiva resolución general, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dió a conocer -a través de su sistema web- los nuevos valores que a partir de este mes deben soportar los autónomos.
La actualización del haber mínimo jubilatorio que llevó el valor a $2.757 mensuales impactó de lleno en la carga fiscal que soportan mensualmente los trabajadores independientes.
A fin de conocer los nuevos valores, los contribuyentes deben seguir los siguientes pasos:
  • Ingresar a la pagina web de la AFIP con la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y la clave fiscal.
  • Ingresar al servicio "Sistema Registral" - "Tramites" - "Consulta de Tramites efectuados".
  • Hacer clic en la lupa del ultimo "Reempadronamiento/(Empadronamiento) de autónomos" e imprimir.
De esta manera, los autónomos acceden a la tabla de los valores actualizados de la cuota de autónomos vigente a partir del devengado marzo 2014.

Por lo tanto, el esquema de tributación para estos trabajadores independientes, quedó diagramado de la siguiente manera:
  • Categoría I. Aporte mensual de 511,47 pesos:
    • Personas físicas que ejerzan profesiones u oficios y productores de seguros con ingresos anuales hasta $20.000.
    • Comerciantes con sumas de hasta $25.000 por año.
    • Aquellos que adhieran voluntariamente al sistema previsional (religiosos, directivos de cooperativas que no perciben retribución, amas de casa, profesionales o personas que aportan a cajas especiales, titulares de condominios sin tareas de dirección).
  • Categoría II. Aporte mensual de 716,05 pesos:
    • Personas físicas que ejerzan profesiones u oficios y productores de seguros que superen como ganancias anuales los 20.000 pesos.
    • Comerciantes que superen los $25.000 anuales.
  • Categoría III. Aporte mensual de 1.022,93 pesos:
    • Directores, administradores y conductores de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo, con rentas por año inferiores o iguales a 15.000 pesos.
  • Categoría IV. Aporte mensual de 1.636,69 pesos:
    • Directores, administradores y conductores de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo con ingresos entre $15.001 y $30.000, inclusive.
  • Categoría V. Aporte mensual de 2.250,45 pesos:
    • Directores, administradores y conductores de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo con entradas superiores a los 30.000 pesos.
Parámetros desactualizados
Si bien semestralmente los trabajadores autónomos soportan un nuevo aumento en el monto a cancelar mensualmente, el fisco nacional los sigue obligando a actualizar su situación fiscal en base a parámetros de honorarios que llevan más de siete años sin ser modificados.
Esto es así ya que el monto total de ingresos que percibió el trabajador autónomo durante el año pasado determina si el contribuyente debe saltar de categoría, aumentando así su cuota mensual a cancelar.
En este escenario, la consultora tributaria Flavia Melzi explicó las claves a tener en cuenta al momento de realizar el trámite. Al respecto, la experta señaló como grave "la inequidad que se generará por la falta de adecuación de los parámetros de ingresos brutos para el encuadramiento de los autónomos en las diversas categorías".
"Si bien -en los últimos tiempos- el aporte mensual a cancelar se ha ido elevando periódicamente, respetando una cláusula de repotenciación periódica, nada se ha previsto respecto a la actualización de los montos de ingresos brutos obtenidos, base para encuadrarse en una u otra categoría", explicó Melzi. 
"Los valores se han mantenido sin alteración alguna desde el dictado del decreto 1866/06, previendo montos de entre $15.000 y $30.000 anuales", destacó.
Asimismo, los significativos incrementos en el aporte mensual a cancelar no constituyen el único problema que deben afrontar los cuentapropistas. "Ante la recategorización, un sinnúmero de estos trabajadores, por el mero efecto de la inflación, deberán saltar a una categoría superior, lo que puede llegar a un incremento del pago mensual cercano al 60%", puntualizó Melzi.
También aseguró que "se impone un sinceramiento de todos los parámetros objetivos contenidos en la legislación tributaria". 
"En este caso en particular, ello resulta evidente, pues el propio sistema contempla un mecanismo de movilidad, que también debería extenderse sobre la definición de los referidos ingresos", concluyó Melzi.
Simulador onlinePara facilitar la tarea, la AFIP puso a disposición de los trabajadores independientes una herramienta online que posibilita simular el trámite que deberán realizar.
Éste permite saber de antemano la categoría que le correspondería declarar de acuerdo con los datos que cargue. Asimismo, la herramienta online informa el importe mensual a abonar de acuerdo con la nueva situación fiscal declarada.
Las autoridades fiscales destacaron que el sistema es voluntario y que no requiere identificación alguna para su utilización.
En primer término, los autónomos que decidan utilizar el categorizador online deberán ingresar su edad y aclarar si el período proporcionado corresponde al inicio de actividad.
Luego, tendrán que suministrar el detalle de los ingresos correspondientes al año pasado. El monto se divide entre:
  • Actividades relacionadas con la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, así como las desarrolladas por socios de sociedades de cualquier tipo. 
  • Los provenientes de locaciones o prestaciones de servicios.
  • Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores.
Asimismo, se deberá consignar cuál es la actividad principal y si alguna de las tareas realizadas por el trabajador autónomo es considerada riesgosa.
Como resultado, el simulador online informará la nueva categoría y el monto mensual que deberá cancelar el contribuyente.
Los más perjudicadosEntre los más perjudicados por este proceso de recategorización se encuentran los accionistas de una sociedad anónima.
Esto es así, ya que el organismo de recaudación considera que los dividendos recibidos deben ser computados al momento de determinar el ingreso bruto anual. En efecto, el monto total registrado en 2013 constituye un parámetro fundamental para determinar si el contribuyente debería saltar de categoría, aumentando así su cuota mensual.
Sin dejar lugar a dudas, ante la consulta elevada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba), el fisco sostuvo que "a los efectos de determinar los ingresos para su inclusión en las categorías de trabajadores autónomos existentes corresponde considerar los dividendos percibidos".
No obstante, tributaristas consultados por iProfesional, que prefirieron no revelar su identidad, señalaron que "no es entendible el criterio de la AFIP, ya que -por ejemplo- los alquileres, como los intereses de un plazo fijo no son considerados dentro del ingreso bruto anual, cuando también constituyen ingresos que no representan una contraprestación por la actividad independiente realizada".
"Por ejemplo, si tomamos dos profesionales que facturan lo mismo podrían encontrarse en categorías diferentes, ya sea que invirtieron sus ahorros en un plazo fijo o en acciones", explicaron los especialistas.
Otro inconveniente se presenta debido a que los autónomos deben considerar, para realizar el trámite, los ingresos brutos correspondientes al año pasado.
Esto podría generar reclamos e inequidades ya que es común que los independientes presenten saltos en su monto facturado. 
Fuente: Iprofesional


Por  | LA NACION
La falta de una aclaración por parte del Gobierno sobre cuál fue el monto anual del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que rigió en todo el año 2013 confundió a los contribuyentes y a las empresas.
Debido a que el Gobierno fijó en dos ocasiones el año pasado cambios en el mínimo no imponible de este impuesto -sin establecerlo en forma retroactiva a enero- no quedó conformada una tabla anual, tal como lo fija la ley del mencionado tributo. De hecho, en su momento se produjo una polémica porque la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consideró que no tenía por qué realizar la devolución de la retención aplicada en los meses previos, desde principios de año.
Debido a esta confusión, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires le pidió una serie de aclaraciones por escrito en los últimos días a la AFIP, que, hasta anoche, no habían sido respondidas, según fuentes de la entidad. El Consejo expresó dudas sobre una decena de temas que tienen que ver no sólo con la liquidación que hacen las empresas sobre el impuesto a retener a sus empleados, sino también a la declaración anual que las personas físicas deberán hacer entre abril y mayo respecto del período fiscal 2013.
La última modificación estableció tres "bandas" de contribuyentes: aquellos que ganan hasta $ 15.000 no deben pagar el impuesto; de $ 15.000 a $ 25.000 se les estableció una reducción del 20%, y para aquellos con salarios superiores, no hubo modificaciones.
Cuando LA NACION consultó en la AFIP y en el Ministerio de Economía sobre esta cuestión en el pasado, indicaron que no necesariamente debía haber una norma aclaratoria, pese a que todos los contadores del sector privado opinan lo contrario, basados en las normas legales. En el organismo que conduce Ricardo Echegaray se amparan en "jurisprudencia interna" para defender esta "partición" del mínimo no imponible en tres partes: enero y febrero, marzo a agosto y septiembre a diciembre. Si bien en dos ocasiones el Gobierno dispuso aumentos que nominalmente eran de 20% cada uno, en los hechos, al no ser retroactivos, fueron de 16 y de 8%, respectivamente, según cálculos del sector privado.
Anoche, en la AFIP no había noticias sobre una posible norma a publicar sobre este tema en el Boletín Oficial.

DESPROLIJIDAD

El tributarista César Litvin, socio del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, indicó que "el criterio para las empresas para calcular la retención de Ganancias debería ser el último salario pagado por 12, pero como no salió ninguna aclaración oficial, hay tres cifras diferentes y, si no hay una norma de la AFIP, será un caso inédito". Su colega Flavia Melzi indicó que "cada empresa se está guiando por su propio criterio, porque la AFIP no informó nada; la confusión lleva a que, en el caso de aquellas personas que ganaron hasta $ 15.000 hasta el primer semestre, no les están reteniendo nada". Esto, explicó otro contador en forma anónima, "es un caos, porque si no sale la aclaración de la AFIP, para el 90% de las personas en relación de dependencia no habrá coincidencia entre los que les retuvieron mes a mes y la liquidación anual".
El ex vicepresidente del consejo profesional porteño Jorge Rodríguez Córdoba opinó que, aunque la AFIP o Economía aclaren este tema, "la norma ya debería haber salido porque si no cada empresa tiene que guiarse por su olfato; pero, a la vez, es difícil pensar que el fisco pueda poner por escrito el criterio que adoptó, porque va en contra de la ley del impuesto a las ganancias".
En tanto, el contador Darío Rajmilovich precisó que la duda principal está colocada sobre "el período base y los montos, porque una persona tal vez ganaba $ 14.500 hace seis meses, pero ahora gana $ 18.000 y entonces no se sabe en qué tramo de la tabla debería estar ubicado; más que confusión, la falta de una aclaración oficial constituye una desprolijidad".
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