Es necesario garantizar mayor equidad y justicia



Por Flavia Irene Melzi
Como consecuencia de las crecientes presiones sindicales y el mal humor colectivo derivado del impacto del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría sobre los acuerdos salariales en discusión, que culminaron en explícitas amenazas de medidas de fuerza por parte de los gremios, incluso los oficialistas, el ministro Axel Kicillof anunció ajustes en  las deducciones personales que en los hechos no es más que un paliativo, ya que de acordarse ajustes salariales superiores al 25% (como se vienen alcanzando) el grueso de los trabajadores tributarán en el presente ejercicio más que en el año 2014.
Los cambios anunciados fueron instrumentados, esta vez por medio de la Resolución General (AFIP) 3770 del pasado 6 de mayo, a través de la cual, manteniendo como parámetro de encuadramiento de los contribuyentes, los salarios devengados entre enero y agosto de 2013, se modifican los montos a deducir en concepto de mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia, pero sólo para los trabajadores con salarios de entre 15.000 y 25.000 pesos de aquel entonces.
Se crean así por vía reglamentaria, en manifiesta y flagrante violación al el principio de legalidad tributaria, seis subescalas de deducciones personales (que se incrementan para quienes viven en zonas desfavorables), que prevén aumentos entre un 5 y un 25% de los conceptos deducibles para salarios de entre 15.000 y 25.000, pretendiendo con ello dotar de mayor progresividad el impuesto.
Lejos de mejorarse la situación, con estas disposiciones solo se ha morigerado levemente el impacto del gravamen complejizando su aplicación al crear categorías no previstas por el legislador.
Entre los puntos salientes de la aludida norma reglamentaria, podemos mencionar que, a diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos tiempos, esta vez se respeta la anualidad del gravamen y se retrotraen los efectos de la modificación a enero de 2015, lo que para un sinnúmero de contribuyentes traerá aparejado que se les habrán efectuado entre enero y abril retenciones en exceso, en cuyo caso, sus empleadores deberán efectuar la devolución del monto correspondiente en cinco cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del mes en que se genere el saldo a favor del beneficiario, con el consecuente perjuicio generado por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios durante ese período. Y aún cuando mientras dure esa devolución no serán pasibles de retención, al incrementarse sus remuneraciones por efecto de las paritarias en discusión, el impacto final del gravamen será marcadamente superior que el del año 2014, ubicándose su obligación tributaria nominal entre un 35% y 50% más según el caso.
Otro punto saliente de la nueva normativa se vincula con la situación  de aquellos trabajadores que entre enero y agosto de 2013 se encontraban por encima de los 25.000 pero que por diversas circunstancias habían visto reducido su nivel de ingresos con posterioridad al dictado del Decreto N° 1.242 de fecha 27 de agosto de 2013, y al no estar adecuadamente prevista su situación debieron tributar desde entonces en el último tramo. Y algo similar ocurría con quienes hubieren iniciado su relación laboral con posterioridad a esa fecha. En ambos supuestos los sujetos podrán encuadrarse en las nuevas escalas tomando como parámetro las remuneraciones percibidas a partir del 1° de enero de 2015.  Si bien con estas disposiciones se clarifica la situación de estos trabajadores que habían quedado fuera de la normativa vigente, al tomar los ingresos devengados en enero de 2015 se entroniza una nueva desigualdad respecto de otros que, con idéntico nivel de remuneración, escalafón, horario e incluso lugar de trabajo, al tomar como base salarios de hace dos años, soportarán una carga fiscal marcadamente inferior y hasta podrán quedar fuera de imposición.
Finalmente el reglamentador, una vez más, se ha olvidado de los trabajadores autónomos, quienes con ingresos netos mensuales que superen unos magros $ 5.472 para un casado y $ 2.512 si se trata de un soltero, ya deben tributar el gravamen, desatendiendo que sus ingresos, al igual que en el caso del dependiente, tienen carácter alimentario.

Una vez más se impone devolver a la ley del impuesto a las ganancias su lógica tradicional y su estructura, estableciendo deducciones personales ajustadas a la realidad, modificando las escalas del gravamen para tornarlo realmente progresivo, y habilitando su repotenciación periódica como el legislador ya lo hubo previsto, de modo de garantizar mayor justicia y equidad.
Fuente: BAE Negocios

Organizadas por el Instituto de Derecho Tributario del colegio Público de Abogados de la Capital Federal  que se realizarán en el salón Auditorio los días 20 y 21 de mayo próximos.



Información adicional:
Para los matriculados la inscripción cuesta $130, los no matriculados, por ejemplo Contadores, Escribanos o Abogados miembros del poder judicial o sin matrícula en Capital es de $160



En el flamante régimen se podrán ingresar deudas devengadas hasta el 28 de febrero pasado, en hasta 36 cuotas a una tasa de interés del 1,9% mensual. La fecha de presentación límite para adherirse será el 30 de abril próximo. Y el valor mínimo de la cuota debe ser de $150. Acceda a los detalles.

A continuación, compartimos a modo de adelanto el texto borrador del nuevo plan de pagos AFIP. 
Mediante la opción Download podrá obtener el archivo en formato Word.





En el flamante régimen se podrán ingresar deudas devengadas hasta el 28 de febrero pasado, en hasta 36 cuotas a una tasa de interés del 1,9% mensual. La fecha de presentación límite para adherirse será el 30 de abril próximo. Y el valor mínimo de la cuota debe ser de $150.
Acceda a los detalles.

El próximo miércoles, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciará un nuevo plan de pagos que les permitirá a los morosos impositivos financiar sus deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en hasta 3 años con una tasa de interés del 25% anual.
iProfesional, tuvo acceso exclusivo a la resolución general que será oficializada recién el viernes 27 y que da los detalles del nuevo plan de pagos.  
Fuentes del gobierno se encargaron de aclarar a este medio que se está ante un nuevo régimen de facilidades de pago y no ante una moratoria: "No se perdona ni condona nada. Ni multas ni intereses", declararon categóricamente las fuentes consultadas.
En el flamante régimen se podrán ingresar deudas devengadas hasta el 28 de febrero, en hasta 36 cuotas (3 años) a una tasa de interés del 1,9% mensual (un 25, 34% anual) La fecha de presentación límite para adherirse será el 30 de abril próximo.

Los detalles del plan
La reglamentación del nuevo régimen especial de facilidades de pago destinado a contribuyentes y responsables establece que los interesados podrán regularizar:

• Obligaciones impositivas y de los recursos de la Seguridad Social, cuyo vencimiento para la presentación de la declaración jurada y pago del saldo resultante hubiese operado hasta el 28 de febrero de 2015, inclusive, sus intereses, actualizaciones y multas.
• Multas aplicadas o cargos suplementarios formulados por el servicio aduanero hasta el 28 de febrero de 2015, inclusive, sus intereses y actualizaciones. 
• El Impuesto a las Ganancias que recae sobre las erogaciones no documentadas.
• Las deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, así como en ejecución judicial, en tanto el demandado desista o se allane totalmente y, en su caso, asuma el pago de las costas y gastos causídicos.
• Los ajustes resultantes de fiscalizaciones de la AFIP, siempre que los mismos se encuentren conformados por el responsable y las obligaciones respectivas sean susceptibles de ser incluidas.
• Las cuotas mensuales del impuesto integrado y las cotizaciones previsionales fijas de los sujetos adheridos al Monotributo.
• Obligaciones de cualquier naturaleza que hayan sido incluidas en planes de facilidades de pago presentados a través del Sistema "Mis Facilidades" que se encuentren caducos con anterioridad al día 31 de marzo de 2015, inclusive, y sean susceptibles de ser incluidas.
Asimismo, el cuerpo reglamentario establece que no se podrán incluir:
• Obligaciones de cualquier naturaleza que hayan sido incorporadas en planes de facilidades de pago presentados a través del Sistema "Mis Facilidades" que se encuentren vigentes, cancelados o reformulados al día de su adhesión, los planes caducos con posterioridad al 31 de marzo de 2015 y las diferencias de dichas obligaciones, excepto que surjan de un ajuste de inspección conformado.
• Las retenciones y percepciones -impositivas o previsionales-, por cualquier concepto, practicadas o no, excepto los aportes personales correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia.
• Los anticipos y/o pagos a cuenta.
• El Impuesto al Valor Agregado que se debe ingresar por las prestaciones de servicios realizadas en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país.
• Los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales.
• Las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
• Los aportes y contribuciones con destino al Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico y Trabajadores de Casas Particulares.
• Las cotizaciones fijas correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia de sujetos adheridos al Monotributo, devengadas hasta junio de 2004.
• Las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes.
• El impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de Cigarrillos.
• La contribución mensual con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) 
• El impuesto Adicional de Emergencia sobre el Precio Final de Venta de Cigarrillos.

Desde la AFIP aclararon que los planes de facilidades de pago formulados reunirán las siguientes características:
• Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas; excepto la primera y sexta, las que cancelarán una mayor proporción de capital. 
• El monto de cada una deberá ser igual o superior a 150 pesos. 
• La cantidad máxima a otorgar será de 36 cuotas (tres años) .
• La tasa de interés de financiamiento será del 1,90% mensual.

Paralelamente, quienes quieran adherir deberán respetar las siguientes condiciones:
• Que las declaraciones juradas determinativas de las obligaciones impositivas y de los recursos de la Seguridad Social por las que se solicita la cancelación financiada, se encuentren presentadas a la fecha de adhesión al régimen.
• Que las obligaciones con vencimientos fijados entre el 1 de marzo de 2015 y la fecha máxima permitida para la adhesión del plan (30 de abril próximo), se encuentren presentadas y canceladas o regularizadas, siendo este requisito condición resolutoria para la aceptación del plan propuesto.

La adhesión al régimen deberá formalizarse informando mediante transferencia electrónica de datos:
• El detalle de los conceptos e importes de cada una de las obligaciones que se regularizan y el plan de facilidades solicitado.
• La Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta corriente o de la caja de ahorro de la que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas.
• Apellido y nombres, número de teléfono celular y empresa proveedora del servicio, dirección de correo electrónico, así como los restantes datos de la persona debidamente autorizada (presidente, apoderado, contribuyente), los cuales resultarán necesarios para recibir comunicaciones vinculadas con el régimen -que faciliten su diligenciamiento- a través del servicio de mensajería de texto “SMS”, correo electrónico y de “e-Ventanilla”.

Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes, a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide la deuda y se formalice la adhesión, y se cancelaránmediante el procedimiento de débito directo.
A su vez, el fisco nacional advierte que la caducidad del plan de facilidades de pago, operará de pleno derecho cuando se produzca alguna de las siguientes causales:
• Se registre la falta de cancelación de:
-Dos cuotas, consecutivas o alternadas, a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas.
-Una cuota, a los 60 días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.

De esta manera, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray lanza un nuevo plan de pagos para aliviar la mochila fiscal de los contribuyentes.
Fuente: IProfesional

LA PRESION TRIBUTARIA.

Algunas empresas tomaron las vacaciones como parte del salario habitual. Y eso gatilló el pago del impuesto.
A más de 100 trabajadores de una importante fabrica de neumáticos de la zona norte del GBA les reintegraron una importante suma de dinero por un error en el cálculo del impuesto a las Ganancias. En el gremio dicen que otras decenas de empleados podrían sumarse y recibir idénticos reintegros.La diferencia viene arrastrándose desde fines de 2013, cuando la AFIP determinó que para no estar alcanzado por ese impuesto el trabajador no debía haber tenido un sueldo bruto superior a $ 15.000 en algún mes entre enero y agosto de 2013.
Por el cobro de las vacaciones de ese año u otros adicionales, muchos trabajadores superaron los $ 15.000 y quedaron “enganchados” en Ganancias.
Sin embargo, la resolución respectiva de la AFIP –N° 3525/13-especifica que para la determinación del límite de los $ 15.000 “ se considerarán las remuneraciones mensuales, normales y habituales, entendiéndose como tales aquéllas que correspondan a conceptos que se hayan percibido, como mínimo, durante al menos seis meses del período al que se hace referencia en dichos artículos”. Es decir durante 6 meses de los 8 que van de enero a agosto.
La resolución agrega que “cuando no se hayan devengado remuneraciones y/o haberes en la totalidad de los meses de enero a agosto del año 2013, se considerarán los conceptos que se hayan percibido, como mínimo, en el 75% de los meses involucrados”.
Tanto las vacaciones como el medio aguinaldo son remuneraciones normales y habituales por lo que en muchas empresas entendieron que esos dos rubros debían considerarse. En cambio, la mayoría interpretó que como se perciben una vez o dos veces por año se desprende que para el cálculo del límite de los $ 15.000 no deben ser tomados en cuenta.  Eso es lo que explicaron ante una consulta de Clarín, los especialistas en temas tributarios Marcelo Dominguez, Flavia Melzi y César Litvin.
“Ni el medio aguinaldo ni el plus vacacional se toman en cuenta para el cálculo de los $ 15.000”, respondieron los expertos.
Ayer, Clarín se comunicó con el centro de información de la AFIP y recibió una respuesta similar. Inclusive aclararon que si, por ejemplo, un trabajador entre enero y agosto de 2013 hizo horas extras sólo en 3 o 4 meses, tampoco se considera ese plus para el cálculo de los $ 15.000. El mismo tratamiento tienen otros adicionales.
En tanto, de acuerdo a esa resolución, los que quedaron excluidos de Ganancias por no superar el límite de $ 15.000, continúan exentos de la retención del impuesto. De ahí que la suma que está en juego arranca en setiembre de 2013 y se extiende hasta ahora. Según los sueldos, la diferencia ahora que no hubo ajustes, puede alcanzar a más del 10% del sueldo mensual.
Esta novedad en el gremio del neumático de la zona norte se difundió con notable rapidez en las empresas de la zona. Y ahora los empleados que en 2013 pasaron por muy poco el límite de los $ 15.000, están revisando los cálculos para verificar que las cuentas hayan sido bien hechas.
Fuente: iEco

Volverán a prorrogar el blanqueo

Sábado 21 de marzo de 2015 | Publicado en edición impresa
Volverán a prorrogar el blanqueo, que sólo recaudó 1454 millones de dólare

Por  | LA NACION
El Gobierno prorrogará por séptima vez consecutiva el blanqueo de capitales, que logró captar apenas US$ 1454 millones desde su inicio a mediados de 2013, frente a la expectativa del Gobierno, que planeaba recaudar US$ 4000 millones en solo tres meses.
El 93% correspondió al Cedin, y el 7% restante, al Baade.
Fuentes del Ministerio de Economía indicaron a LA NACION que la decisión de postergar el final del régimen de exteriorización de capitales "ya está tomada", por lo que habrá tiempo hasta fines de junio de este año para sumarse.
Lo que incentiva a las autoridades económicas a seguir con este plan, pese a su pobre resultado, es la causa por presunta evasión y asociación ilícita contra el HSBC y unos 4000 contribuyentes con cuentas bancarias en Suiza.
En Economía y en la AFIP se entusiasman con la posibilidad de que más contribuyentes se sumen a este perdón impositivo por las intimaciones administrativas y la denuncia penal que comenzaron a fines de 2013 por el tema de Suiza. Además, la investigación tendrá su capítulo político-electoral con arranque de la comisión legislativa, en la que se prevé citar tanto a los directivos del HSBC como a los titulares de las cuentas, pese a que varios constitucionalistas aclararon que el Congreso no tiene facultades para hacer esta tarea.
El blanqueo arrancó en junio de 2013 como una respuesta a la parálisis provocada por el propio Gobierno con el cepo cambiario, pero en el primer plazo de tres meses apenas captó US$ 341 millones. En ese momento fue lanzado en el Congreso por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno; el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el viceministro, Axel Kicillof.
En ese momento prometieron recaudar US$ 4000 millones en el período original: junio-agosto de 2013; un año más tarde, la cifra sólo se había estirado a US$ 823 millones y en enero pasado apenas superaba los US$ 1300 millones, cuando la AFIP ya había denunciado al HSBC y a los mencionados contribuyentes.
Pero lo que entusiasmó al organismo conducido por Echegaray es que en diciembre pasado la cifra blanqueada llegó a los US$ 158 millones. En enero se blanquearon US$ 42 millones y en febrero US$ 53 millones, mientras que en la primera mitad de este mes ya se blanquearon US$ 57 millones.
Cabe recordar que hace 10 días Echegaray se reunió con dos abogados del grupo HSBC, por pedido del organismo fiscal, para tratar de acordar posiciones. Pero mientras el organismo fiscal aseguró off the record que los representantes de la entidad financiera le habían hecho una primera oferta que la AFIP consideró insuficiente -cerca del 15% de los US$ 3500 millones reclamados por el Gobierno- el banco negó en forma oficial la existencia de esa propuesta.
Según la versión del organismo fiscal, el dinero estaría destinado por el banco a prestarles a empresas del sector cerealero, pero para Echegaray resultaba "insuficiente". Sin embargo, voceros del banco reiteraron que "se ha dicho que HSBC acordó repatriar fondos a la Argentina; eso es falso".
Luego de esa reunión, las partes no se volvieron a encontrar.
En estos días la AFIP está concluyendo la determinación de oficio para saber con exactitud la deuda que les reclamará a los contribuyentes intimados en esta causa.
Los tributaristas consultados por LA NACION admitieron más interés en el blanqueo por el caso de Suiza. Flavia Melzi dijo que "como consecuencia de la detección de las cuentas en el exterior y la instrucción de procedimientos de determinación de oficio se evidencia un mayor interés en el blanqueo". La tributarista dijo que "si la finalidad es recaudar y propender a la regularización de las obligaciones omitidas, debiera ampliarse el plazo de las obligaciones omitidas, que se ha mantenido en abril de 2013".
Jorge Gebhardt, socio del estudio Aguirre, Saravia & Gebhardt, dijo que "algo más de interés se observó luego de los temas HSBC ventilados por la AFIP, pero ya está decayendo". La razón del bajón sería que "se rumorea en la plaza que el próximo gobierno probablemente sancione algún régimen" de blanqueo más amplio que el actual. Al respecto, para que el régimen funcione, Eugenio de Mayolas sostuvo que "se debería habilitar la posibilidad, al igual que en el blanqueo anterior, en 2009, de conservar las inversiones financieras fuera del país".

Aún lejos del objetivo inicial planteado por el Gobierno, el blanqueo de capitales logró, sin embargo, repuntar por la investigación de la AFIP en torno a las cuentas bancarias de argentinos en Suiza.
Por este motivo, los últimos datos oficiales disponibles señalan que el blanqueo llegó a principios de esta semana a 1314 millones de dólares.
En diciembre, la suba fue de US$ 158 millones, el mayor incremento registrado en 2014, con picos de 15 a 19 millones de dólares durante algunas jornadas, según indicaron fuentes oficiales a LA NACION.
De todos modos, la suma está muy lejos de los US$ 4000 millones planteados por el Gobierno a mediados de 2013, cuando se lanzó este polémico régimen de exteriorización de capitales. El mes pasado fue el de mayor ebullición de la causa que el organismo fiscal encabezado por Ricardo Echegaray llevó adelante por las 4040 cuentas bancarias de argentinos presuntamente no declaradas en el HSBC en Suiza.
Por un lado, la AFIP denunció a fines de noviembre a los titulares de esas cuentas y al banco, aunque muchos de esos contribuyentes ya aclararon que las tenían declaradas y el banco también explicó que no participó de maniobras ilícitas. Por el otro, el Congreso sancionó una ley que creó una comisión investigadora que citará tanto a los contribuyentes como a los banqueros, aunque sus funciones fueron cuestionadas por varios abogados constitucionalistas.
La Dra. Flavia Melzi opina sobre la falta de ajuste por inflación, un tema que hoy es centro de debate de la profesión.

En el marco del 20º Congreso Nacional para Profesionales en Ciencias Económicas que se desarrolló en Salta, la Dra. Flavia Melzi, ex vicepresidenta del CPCE de CABA, realizó consideraciones sobre la prohibición de ajustar por inflación los estados contables.
-¿Cómo es hoy la situación después de tantos años con inflación ante la falta de ajuste de los estados contables?
–Desde hace varios años se vienen haciendo jornadas en las cuales se destacaba la necesidad de reimplantar el ajuste por inflación impositivo porque termina tributándose sin existencia de capacidad contributiva. El problema fundamental desde el punto de vista tributario es que el no reconocimiento del poder adquisitivo por el impacto inflacionario, hace pagar impuesto sobre rentas ficticias o, aquel que tiene el efecto inverso, tiene quebrantos cuando podría llegar a tener utilidades por efecto de la inflación. El tema es la dicotomía que ha venido existiendo en todos estos años, por primera vez en este Congreso pareciera que se están uniendo ambas cuestiones, es qué pasa con el tema de la inflación en materia contable y en materia impositiva.
-El tema tiene más discusión en la cuestión tributaria.
-El reclamo de ajuste en materia impositiva viene desde hace muchísimos años, desde que empezó a rebrotar la inflación pero, por otro lado, estaba el contrasentido que, incluso las entidades empresarias, planteaban que acá no había que aplicar ajuste por inflación contable porque no se  daban los parámetros internacionales exigidos por las NIC y que el problema era establecer un punto de partida  a partir del cual ajustar.


En poco más de un mes culmina un año signado por una creciente conflictividad social derivada de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por efectos de la inflación. Esta situación que erosiona el bolsillo de los trabajadores, se ve aún más afectada por el impacto derivado del impuesto a las ganancias, que desde el año 2000 se aplica con idénticas escalas (artículo 90) lo que ha despojado al impuesto de su histórico carácter de “progresividad” ubicando al grueso de los trabajadores en la alícuota marginal del 35%.

Con el dictado del Decreto1242/2013 vigente desde el 1 de setiembre de 2013 se  ha entronizado la inequidad, al establecer -por vía reglamentaria sin participación del Congreso Nacional- categorías arbitrarias de contribuyentes según que los salarios  brutos obtenidos durante los meses de enero a agosto de 2013 hubieren resultado: a) no superiores a $ 15.000.- (en cuyo caso dichos trabajadores han quedado exentos del impuesto sin importar su situación posterior); b) superiores a $ 15.000.- e inferiores a $ 25.000.- o c) superiores a $ 25.000.-, siendo estas dos últimas categorías pasibles de la deducción personales si bien en diferente magnitud cual una suerte de regreso a la “tablita de Machinea” cuya derogación fue merecedora de elogios.

Para retornar a la progresividad del tributo deben actualizarse los tramos de la escala y las deducciones personales. Si utilizáramos  el índice de incremento salarial operado a setiembre 2014 ([1]), un trabajador soltero que percibiera un salario bruto de $ 27.700.- resultaría fuera de imposición, y si fuera casado y con dos hijos su remuneración bruta se incrementaría a $ 33.500.-, cuando en la actualidad estos trabajadores, según en qué tramo se ubicaran sus ingresos entre enero y agosto de 2013 están tributando cifras de entre $.3000.- y $ 5.000.-  ([2]). Y con relación a las escalas, de considerar idéntica pauta de repotenciación, recién saltarían de la escala menor fijada en un 9% aquellos trabajadores cuyas remuneraciones netas superasen los $ 33.700.- en los $37.900.- para un casado con dos hijos. Y sólo se ubicarían en la escala marginal mayor (la de 35%), aquellos trabajadores (sin duda no sindicalizados y de cargos directivos de alta gerencia) que rondasen los $ 145.000.- netos mensuales. Sin duda estos guarismos lejos están de la media de los trabajadores.


[1] IS publicado por el INDEC disponible octubre de 2001 / setiembre 2014
[2][2] Se han tomado como base los montos de deducciones personales establecidos por Ley 24587, sin considerar los Decretos 314/06 y Ley 26287 que incrementaron la deducción especial para trabajadores en relación de dependencia primero a un 280% y luego un 380%, cuya consideración elevaría notoriamente los salarios fuera de imposición.


Empresas con inflación y sin ajuste


Mientras el Gobierno argentino sigue sin aceptar que se refleje el impacto de la suba de precios en la información financiera y tributaria de las empresas, los profesionales advierten los riesgos. No sólo genera una marcada inequidad en la carga tributaria, sino que muchas firmas podrían estar descapitalizándose al distribuir dividendos sobre utilidades ficticias.




No es un tema nuevo, pero mientras más tiempo pasa, las distorsiones aumentan y la salida se torna más complicada. El efecto negativo de la inflación en la economía genera grandes inequidades, sobre todo, cuando desde las órbitas oficiales no se la quiere reconocer (ni permitir que lo hagan los particulares).
En concreto, la falta de ajuste por inflación en los balances de las empresas, ante subas de precios menores a un dígito anual distorsiona pero podría pasar. Pero, cuando los incrementos superan el 20, 30 o 40 por ciento anual la irrealidad se hace cada vez mayor y la información empresaria ya no representa lo que sucede.
En este escenario, las compañías se enfrentan ante dos problemas: la falta de los ajustes contable e impositivo. Este último es el más conocido y es por el cual la mayoría de las empresas se quejan, incluso en la justicia (ver La posición de la Corte... ) porque, en muchos casos (no todos) implica tributar más.
Sin embargo, el segundo no es un tema menor. Si un balance arroja ganancias ficticias y la firma decide distribuir dividendos, una parte de estos pueden ser utilidades pero es muy probable que otra parte sea capital.
Esto implica, entonces, una paulatina descapitalización de las empresas; si fueran firmas extranjeras, incluso podrían llegar a girar utilidades al exterior (en estos momentos, el cepo cambiario restringió esta posibilidad) que, en realidad, generan una desinversión en el país.
Esto hace que no demasiadas empresas se vean tentadas a ajustar por inflación sus estados contables. Para muchos accionistas y también para muchos directivos no es agradable mostrar balances con pérdidas.
Pero la descapitalización tampoco es buena para la economía. “Planteamos al Gobierno que en estos niveles de inflación se corre el riesgo de distribuir utilidades ficticias y disminuir el capital”, explica José Simonella, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba.
La Federación nacional y los titulares de los 24 Consejos firmaron y presentaron al Gobierno un documento para pedir la derogación del decreto que impide el ajuste.
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